El anuncio sobre la solicitud que ha hecho España ante la Comisión Europea (y que ésta ya le ha contestado que ya se verá el año que viene) y los demás Estados del Espacio Schengen para retirar a Perú y Colombia de la lista negra de países cuyos ciudadanos requieren de visado para ingresar en la zona por un periodo de corta duración, evidentemente tiene una connotación de carácter económico.
La notificación, hecha hace unos días vía telefónica por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a los presidentes del Perú y Colombia, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos correspondientemente, sorprendió a sus colegas porque España no se había opuesto al hecho de que los citados países latinoamericanos continúen figurando en la lista de ciento treinta y dos países a los que la Unión Europea (UE) empezó a exigir visado a partir del 1 de abril de 2001.
En lo que respecta al Perú, el presidente de este país reaccionó con cautela y de manera muy diplomática tras asegurar que el citado anuncio evidencia la importancia de su país a nivel mundial y reafirma que la nación andina está bien vista en el ámbito internacional.
Más nada, pues Humala entiende perfectamente que el proceso de negociaciones, dirigidas a la supresión de visado para los ciudadanos peruanos que deseen llegar a los países del Espacio Schengen en calidad de turistas, será bastante dilatado.
Es muy probable que no todos los países miembros del bloque apoyen la propuesta de España debido a los problemas económicos, sociales, morales entre otros que tienen, al igual que el país ibérico, como para complicarlos más con una migración descontrolada no calificada, por duro que suene, que amenazaría su seguridad ciudadana, su estilo de vida, su urbanidad, etc. Suficiente tienen con los que ya están en sus territorios y que ahora tratan de imponerles lo suyo. Francia es un ejemplo concreto de ello.
Pero España está dispuesta a correr el riesgo pues, es consciente que el grueso de turistas procedentes de Perú y Colombia llegaría a visitarla más que a otros países de Europa, ya que el idioma, sobre todo, es algo que acerca mucho a sus pueblos. Su actividad turística, favorecida ahora por la inestabilidad en Egipto y, en menor medida, en Turquía, daría resultados concretos a diferencia de la propuesta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo: rebaja de sueldos de hasta el 10 %, para crear empleo.
La notificación que el gobierno de Mariano Rajoy hizo llegar a la parte peruana es un gesto político muy importante porque contribuye aunque sea a que el Perú preste mayor consideración a la delicada situación en la que se encuentra España.
Valga como ejemplo de ello la renovación por parte del gobierno peruano, de tres contratos de telefonía móvil a Telefónica del Perú, cuyo nombre comercial es Movistar, filial de Telefónica S.A., empresa española operadora de servicios de telecomunicaciones.
Pero para renovar los contratos de concesión del servicio de Movistar por un plazo de dieciocho años diez meses tras tomar en consideración la recomendación hecha el año pasado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel): las bandas de 800 y 1900 (MHz) para Lima y Callao, y la banda de 800 MHz para provincias, la empresa española tuvo que aceptar las condiciones impuestas por el gobierno de Ollanta Humala que exigen de una inversión de 1184 millones de dólares (3020 millones soles).
Como parte de la política de inclusión social del Gobierno peruano, Telefónica tendrá que reducir de 0,50 a 0,25 soles por minuto el costo de las llamadas con teléfonos móviles durante los primeros cuarenta minutos en las zonas rurales de país andino. De esta manera, se busca beneficiar a las personas de los programas sociales Juntos, Cuna Más y Pensión 65, así como a los maestros, policías y personal de las Fuerzas Armadas que están en los lugares más remotos del Perú cumpliendo labores.
Telefónica deberá de extender su cobertura en telefonía móvil a cuatrocientas nueve capitales de distritos a nivel nacional. Así, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el 100 % de las capitales de los distritos del país (1833) contará con este servicio.
Asimismo, el compromiso señala sobre este punto que en los próximos cuatro años Telefónica Móviles deberá llevar su servicio a 1848 localidades donde actualmente no hay servicio de telefonía móvil. Con esto, en todos los poblados del país se podrá usar un teléfono celular.
La empresa de capitales españoles deberá brindar de forma gratuita Internet a comisarías, postas médicas, colegios y otras entidades estatales ubicados en unos 661 distritos de las zonas más pobres del país. Una vez que ya se tenga las conexiones con fibra óptica, los servicios pasarán de satelital a fijo.
En los distritos en los que Telefónica Móviles ya cuenta con la conexión de fibra óptica, la empresa proporcionará el servicio gratuito de Internet fijo −denominado Speedy− a todas las instituciones estatales ubicadas en las capitales de provincia.
Este servicio deberá ser implementado en treinta y cinco distritos fronterizos del país, con lo cual el 100 % de las capitales de los distritos fronterizos contarán con Internet. Incluso, los 396 tambos del programa Apoyo al Hábitat Rural también tendrán este servicio de forma gratuita.
En los próximos doce meses, Telefónica tendrá que instalar una red inalámbrica para llevar Internet vía banda ancha a la selva peruana para beneficiar a poblados de Amazonas, Loreto y San Martín. Se estima que serán unas 259 localidades las que se beneficiarán.
Además, se brindará atención con Internet sin costo en los siguientes tres años a 259 localidades de la Amazonía.
Telefónica tendrá que interconectar los centros de control de vídeo-vigilancia para el servicio de transporte de imágenes de las comisarías que están ubicadas en 32 700 distritos del país con un punto de monitoreo nacional. Con esto se espera mejorar la seguridad ciudadana en el interior del país suramericano.
La empresa tendrá que apoyar en un curso anual de telecomunicaciones para efectivos de las Fuerzas Armadas que dictará el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel).
Y por qué hablamos de que España tuvo que aceptar las condiciones impuestas por la parte peruana: porque Telefónica del Perú adeuda al gobierno peruano, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), un poco más de novecientos millones de dólares, lo que generó un contencioso entre el gobierno de Ollanta Humala y la empresa española, a favor de la cual, a propósito, el Poder Judicial del país suramericano emitió en marzo pasado un fallo en primera instancia respecto a la denuncia que presentó la misma contra el mencionado adeudo.
Si el Perú lo hubiera querido, antes de renovar los contratos arriba mencionados, primero hubiera exigido que la deuda haya sido pagada, y en consecuencia la situación económica de España se hubiera agravado.
De lo último deducimos también que el anuncio ha sido una forma de agradecimiento de parte de España al Perú por tenderle la mano pues, cada dólar es importante en estos momentos críticos por el que atraviesa el país ibérico.
En lo que respecta a Repsol, con el cual podrían surgir algunos problemas en el Perú, es una manera de ganar tiempo para que la empresa hispana venda sus activos. Valga como ejemplo la venta anunciada a finales de febrero pasado de sus activos de gas natural licuado (GNL) en Perú, Trinidad y Tobago y Vizcaya (España) a la transnacional Shell por 6653 millones de dólares, con deuda incluida, en una operación que no incluyó la planta de Canaport, ubicada en Canadá.
En resumen el total de la operación de venta que asciende a 6653 millones de dólares consta de 4400 millones de dólares que desembolsará Shell al grupo español; y 2253 millones de dólares que es el monto de deuda y compromisos financieros de Repsol, que Shell asumirá como parte del trato al que llegaron ambas partes.
No obstante, Repsol no ha podido vender hasta al momento doscientas estaciones gasolineras establecidas en todo el territorio del Perú y la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla (Provincia Constitucional del Callao). Según el ex ministro de Energía y Minas peruano, Carlos Herrera Descalzi, la refinería actualmente no está muy bien cotizada, porque hace falta “modernizarla”.
¡Qué extraño! ¿Repsol no invirtió lo suficiente en el sector energético del país andino durante todo el tiempo que operó en éste? ¿Acaso estamos frente a un caso parecido al ocurrido en Argentina?
Sea como sea, debemos destacar que en el Perú de la actualidad existe la voluntad de negociar con cualquier empresa extranjera que se enmarque en el respeto mutuo, en la política de inclusión social impulsada por el actual gobierno de la nación andina; que deje tecnología y según sus condiciones.
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